La Confederación Hidrográfica del Cantábrico pone a Kinbauri contra las cuerdas por los vertidos tóxicos de la mina de oro de Belmonte de Miranda
La Plataforma Salvemos Cabana ha podido acceder al texto íntegro del expediente que a finales de abril impuso una sanción de 242.920 euros a la minera canadiense como consecuencia de las labores de control, seguimiento e inspección efectuadas por la Guardería Fluvial del organismo en el río Cauxa durante el año 2013, que se suman a los 84.389 euros del pasado febrero debido a los numerosos incumplimientos del proyecto aurífero de Boinás-El Valle y que podría provocar que la autorización ambiental de la explotación sea finalmente revocada.
La CHC reconoce que el "incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización AAI/33/01478-2 de la mina de oro" es una acción que "causa daños al dominio público hidráulico en Boinás, en el término municipal de Belmonte de Miranda (Asturias)" por la realización de vertidos "incumpliendo los valores límites de emisión impuestos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI)".
Así, tal como figura en el documento, "no sólo aparecen sustancias contaminantes que no están autorizadas (selenio, cobre, cadmio, cinc y cianuros), sino que también se ha constatado la presencia de arsénico, sustancia preferente, en concentraciones superiores a los valores límite autorizados".
Por todo ello, "el aporte de contaminantes al río Cauxa por los vertidos procedentes de la mina de Kinbauri provoca el deterioro de la calidad de las aguas, hasta tal punto que ha quedado acreditado el incumplimiento continuado de las Normas de Calidad Ambiental para el selenio", como indican las muestras tomadas en el medio receptor.
El selenio, además, es una sustancia que la legislación de aguas considera peligrosa al presentar "un riesgo significativo para las aguas superficiales debido a su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación", lo que para la CHC "da idea de su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de personas y bienes".
LOS CONTINUOS INCIDENTES AMBIENTALES DEMUESTRAN QUE NO SE PUEDE GARANTIZAR UNA MINERÍA DEL ORO SEGURA, TAMPOCO EN ASTURIAS
Tomando en consideración estos y otros problemas similares por todo el mundo, el rechazo de las comunidades ante la situación provocada por la grandes transnacionales mineras sólo puede considerarse como un acto de sentido común, actitud de la que en más ocasiones de las que serían deseables parece carecer una parte del espectro político.
En este sentido, ¿cómo explicar que en la misma Asturias que soporta estos desmanes ambientales Belén Fernández (PSOE), actual Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente parezca empeñada en defender una y otra vez el proyecto de otra minera canadiense -en este caso Asturgold- para extraer oro en Salave? Cuesta comprender esta postura cuando ahora hace un año el Secretario General del mismo partido en Galicia se refirió al proyecto aurífero de Corcoesto como "una auténtica barbaridad en términos ambientales y de salud humana".
Por aquel entonces el PSdG, al igual que antes hiciera con rotundidad toda la oposición parlamentaria gallega, dejó claro su interés en que la gente pudiera encontrar un trabajo digno, pero subrayando que "nadie que quiera a Galicia puede anteponer el empleo sobre el futuro, la salud, el territorio o el medio ambiente". ¿Cómo confiar en un ejecutivo -en este caso el asturiano-, que defiende los intereses de una empresa foránea y parece obviar sistemáticamente el rechazo social y las consecuencias ambientales?.
(14.5.2014)
La CHC reconoce que el "incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización AAI/33/01478-2 de la mina de oro" es una acción que "causa daños al dominio público hidráulico en Boinás, en el término municipal de Belmonte de Miranda (Asturias)" por la realización de vertidos "incumpliendo los valores límites de emisión impuestos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI)".
Así, tal como figura en el documento, "no sólo aparecen sustancias contaminantes que no están autorizadas (selenio, cobre, cadmio, cinc y cianuros), sino que también se ha constatado la presencia de arsénico, sustancia preferente, en concentraciones superiores a los valores límite autorizados".
Por todo ello, "el aporte de contaminantes al río Cauxa por los vertidos procedentes de la mina de Kinbauri provoca el deterioro de la calidad de las aguas, hasta tal punto que ha quedado acreditado el incumplimiento continuado de las Normas de Calidad Ambiental para el selenio", como indican las muestras tomadas en el medio receptor.
El selenio, además, es una sustancia que la legislación de aguas considera peligrosa al presentar "un riesgo significativo para las aguas superficiales debido a su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación", lo que para la CHC "da idea de su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de personas y bienes".
LOS CONTINUOS INCIDENTES AMBIENTALES DEMUESTRAN QUE NO SE PUEDE GARANTIZAR UNA MINERÍA DEL ORO SEGURA, TAMPOCO EN ASTURIAS
Tomando en consideración estos y otros problemas similares por todo el mundo, el rechazo de las comunidades ante la situación provocada por la grandes transnacionales mineras sólo puede considerarse como un acto de sentido común, actitud de la que en más ocasiones de las que serían deseables parece carecer una parte del espectro político.
En este sentido, ¿cómo explicar que en la misma Asturias que soporta estos desmanes ambientales Belén Fernández (PSOE), actual Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente parezca empeñada en defender una y otra vez el proyecto de otra minera canadiense -en este caso Asturgold- para extraer oro en Salave? Cuesta comprender esta postura cuando ahora hace un año el Secretario General del mismo partido en Galicia se refirió al proyecto aurífero de Corcoesto como "una auténtica barbaridad en términos ambientales y de salud humana".
Por aquel entonces el PSdG, al igual que antes hiciera con rotundidad toda la oposición parlamentaria gallega, dejó claro su interés en que la gente pudiera encontrar un trabajo digno, pero subrayando que "nadie que quiera a Galicia puede anteponer el empleo sobre el futuro, la salud, el territorio o el medio ambiente". ¿Cómo confiar en un ejecutivo -en este caso el asturiano-, que defiende los intereses de una empresa foránea y parece obviar sistemáticamente el rechazo social y las consecuencias ambientales?.
(14.5.2014)