El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo sobre
varios artículos de la Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de Galicia, en lo referente a las reformas
introducidas en la ley autonómica 3/2008, de Ordenación de la Minería,
podría facilitar las millonarias reclamaciones económicas de la
canadiense Edgewater Exploration e incluso en última instancia la
recuperación de sus derechos mineros en la zona, cuya caducidad fue
anunciada de manera oficial en fechas recientes.
De manera lamentable y pese a la plena legalidad de la retirada de las concesiones a la minera de acuerdo a la norma establecida por la Xunta, una sentencia favorable a la petición del Gobierno por parte del Tribunal Constitucional podría tener consecuencias negativas en el desarrollo del conflicto, pues el artículo impugnado -el 84-, modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2008, que en definitiva ha permitido la cancelación efectiva -al menos temporalmente- del cuestionado proyecto extractivo.
De hecho, por parte del Presidente del Gobierno, se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que tal como ha señalado el Alto Tribunal, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso el pasado 30 de septiembre, lo que hasta su completa resolución deja en el aire al menos parte de las medidas tomadas hasta ahora por la Administración gallega.
DEMANDA INTERNACIONAL DE EDGEWATER CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL
Mientras la actuación del Gobierno central parece ponerle de manera imprevista una suerte de "alfombra roja" a los planes de la canadiense, Edgewater ha anunciado su intención de acudir al arbitraje internacional referido en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá ('Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá'), que en su artículo 12 trata sobre la resolución de controversias entre inversor-estado, bien sea mediante un tribunal creado 'ad hoc', y establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial y proclive a la actividad corporativa.
De salir adelante en este contexto las demandas de Edgewater, tanto la inversión como el lucro cesante previsto por la compañía tendrían que ser abonadas por el erario público, es decir, por los contribuyentes, en un funesto recordatorio sobre los graves efectos que podrían suponer la firma de tratados de libre comercio como el TTIP, TISA y CETA, que garantizan la resolución de litigios por este sistema y terminan por beneficiar únicamente al gran capital transnacional.
CORCOESTO, UN PROYECTO QUE NUNCA DEBIÓ PLANTEARSE
Haciendo balance de la evolución del caso desde sus inicios, este proyecto minero nunca debió de salir adelante. Las acciones tanto del alcalde popular de Cabana de Bergantiños José Muiño, que apoyó ciegamente la propuesta desde el primer momento aún a costa de dividir a los vecinos de la comarca afectada, la nefasta gestión efectuada por la Consellería de Medio Ambiente -por aquel entonces con Agustín Hernández al frente-, que aprobó a finales de 2012 una declaración de impacto ambiental sin atender las numerosas alegaciones presentadas y el posicionamiento precoz e inverosímil por parte de Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, apoyando la iniciativa en sus orígenes, hicieron el resto.
Urge la petición de responsabilidades. Ha tenido que ser la reacción de la ciudadanía, una vez más, la que haya marcado la diferencia, reorientando la situación y cambiando el rumbo de parte de la clase política hasta conseguir la cancelación del proyecto. La misma ciudadanía que a través de sus impuestos podría ahora tener que hacerse cargo y enfrentar las demandas pecuniarias de la compañía canadiense.
(27.10.2015)
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| Manifestación contra el proyecto de la mina de oro de Corcoesto |
De manera lamentable y pese a la plena legalidad de la retirada de las concesiones a la minera de acuerdo a la norma establecida por la Xunta, una sentencia favorable a la petición del Gobierno por parte del Tribunal Constitucional podría tener consecuencias negativas en el desarrollo del conflicto, pues el artículo impugnado -el 84-, modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2008, que en definitiva ha permitido la cancelación efectiva -al menos temporalmente- del cuestionado proyecto extractivo.
De hecho, por parte del Presidente del Gobierno, se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que tal como ha señalado el Alto Tribunal, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso el pasado 30 de septiembre, lo que hasta su completa resolución deja en el aire al menos parte de las medidas tomadas hasta ahora por la Administración gallega.
DEMANDA INTERNACIONAL DE EDGEWATER CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL
Mientras la actuación del Gobierno central parece ponerle de manera imprevista una suerte de "alfombra roja" a los planes de la canadiense, Edgewater ha anunciado su intención de acudir al arbitraje internacional referido en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá ('Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá'), que en su artículo 12 trata sobre la resolución de controversias entre inversor-estado, bien sea mediante un tribunal creado 'ad hoc', y establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial y proclive a la actividad corporativa.
De salir adelante en este contexto las demandas de Edgewater, tanto la inversión como el lucro cesante previsto por la compañía tendrían que ser abonadas por el erario público, es decir, por los contribuyentes, en un funesto recordatorio sobre los graves efectos que podrían suponer la firma de tratados de libre comercio como el TTIP, TISA y CETA, que garantizan la resolución de litigios por este sistema y terminan por beneficiar únicamente al gran capital transnacional.
CORCOESTO, UN PROYECTO QUE NUNCA DEBIÓ PLANTEARSE
Haciendo balance de la evolución del caso desde sus inicios, este proyecto minero nunca debió de salir adelante. Las acciones tanto del alcalde popular de Cabana de Bergantiños José Muiño, que apoyó ciegamente la propuesta desde el primer momento aún a costa de dividir a los vecinos de la comarca afectada, la nefasta gestión efectuada por la Consellería de Medio Ambiente -por aquel entonces con Agustín Hernández al frente-, que aprobó a finales de 2012 una declaración de impacto ambiental sin atender las numerosas alegaciones presentadas y el posicionamiento precoz e inverosímil por parte de Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, apoyando la iniciativa en sus orígenes, hicieron el resto.
Urge la petición de responsabilidades. Ha tenido que ser la reacción de la ciudadanía, una vez más, la que haya marcado la diferencia, reorientando la situación y cambiando el rumbo de parte de la clase política hasta conseguir la cancelación del proyecto. La misma ciudadanía que a través de sus impuestos podría ahora tener que hacerse cargo y enfrentar las demandas pecuniarias de la compañía canadiense.
(27.10.2015)