Salvemos Cabana pide a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural una reforma del acceso al Castro de Borneiro
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| Nueva escalera de hormigón en el acceso inferior al Castro de Borneiro |
La escalera de hormigón instalada a finales de 2017 en la que se han invertido 50.000 euros de dinero público, y que atraviesa un tramo de bosque autóctono que da acceso al yacimiento, ha desfigurado completamente la esencia del que era un paraje singular en muy buen estado de conservación.
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| La inversión inicial prevista de dinero fue de 50.000 euros, de los que finalmente se adjudicaron 45.000 |
Resulta inconcebible que de todas las posibilidades que podían haberse tenido en cuenta para mejorar la accesibilidad del yacimiento, los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de A Coruña hayan optado por la de menor integración con el entorno, por mucho que se quiera defender desde los impulsores del proyecto que el color "gris antracita" de la escalinata de hormigón se "difumina" con el paisaje.
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| ¿De verdad no había alternativas mejores para facilitar la accesibilidad al Castro de Borneiro? |
Por otra parte, hay que lamentar la ausencia de una actitud crítica por parte del alcalde del PP José Muíño y el hecho de que le haya dado el visto bueno a la obra sin mayores problemas, lo que una vez más vuelve a indicar cual es el actual planteamiento sobre la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural que atesora Cabana.
La preservación de bienes culturales como el Castro de Borneiro va mucho más allá de la "fiesta" permanente en la que algunos parecen haberse instalado, porque un patrimonio vivo supone primar la conservación y la integración en su entorno. Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural una reforma del acceso inferior al enclave que permita paliar los efectos de esta mejorable intervención.
Salvemos Cabana ha recordado en su petición que el Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico firmado en la Valeta (Malta) en 1992 y ratificado a nivel estatal reconoce que "la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico debe quedar reflejada en la ordenación urbana y rural y en las políticas de desarrollo cultural" y que hay que asegurar "que la apertura al público de emplazamientos arqueológicos, especialmente cuando se requieran medidas de infraestructuras para la acogida de gran número de visitantes, no afecte negativamente al carácter arqueológico y científico de tales emplazamientos y de su entorno".
(1.8.2018)