Tras la cancelación definitiva del proyecto aurífero de Corcoesto, el anuncio de demanda por parte de Edgewater Exploration contra el Gobierno de España y el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo contra las reformas introducidas en la ley autonómica 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia a partir de la Ley 12/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas propugnadas por la Xunta, son los factores que cierran un 2015 en el que la cuestionada propuesta extractiva ha estado de fondo en todo momento.
UNA LEY PARA GARANTIZAR LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS MINEROS EN CORCOESTO
A finales de 2014, la entrada en vigor de la Ley 12/2014 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y su publicación en el Diario Oficial de Galicia, conllevaba de facto para Edgewater la pérdida de sus derechos mineros en Cabana de Bergantiños, al señalar que "el incumplimiento de los requisitos subjetivos o la insuficiente acreditación de la solvencia económica o técnica del solicitante" implicaban "la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Minero de Galicia". Fue así como se anunció el momentáneo punto y final de un conflicto que había comenzado en 2012.
LA VÍA EUROPEA, CERRADA PARA EDGEWATER
En enero, pocos días después, fue la Comisaria Europea de Comercio Exterior, Cecilia Malmström, la que anunció un nuevo revés para la compañía, al confirmar que la transnacional en ningún caso podía invocar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), para impugnar la decisión administrativa de cancelación del proyecto.
La respuesta se dió en referencia a una pregunta efectuada desde el grupo GUE/NGL sobre el presunto derecho a indemnización de la minera, verificando la consulta efectuada en septiembre de 2014 por Salvemos Cabana a instancias europeas sobre este particular, resolviendo finalmente que ninguna empresa canadiense puede invocar de momento el CETA ni presentar reclamación patrimonial alguna al encontrarse el texto en fase de negociación.
"En cualquier caso -señaló Malmström-, los acuerdos de libre comercio, incluído el AECG, no modifican el derecho de los Estados miembros a perseguir sus objetivos legítimos de política pública, incluida la fijación de normas de protección medioambiental. El AECG deja claro que la UE y Canadá mantienen su derecho a legislar para alcanzar objetivos legítimos en materias como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública y la promoción y protección de la diversidad cultural. Esto significa que un inversor no puede recibir una compensación por lucro cesante, pérdida de beneficios o costes sufridos".
SACYR, NUEVO ACTOR EN EL TABLERO DE JUEGO
También en enero fue el conocimiento del desembarco de la multinacional española Sacyr el que caldeó los ánimos en la Comarca de Bergantiños, al anunciar ésta la firma de un acuerdo entre su filial Valoriza Minería y el grupo Macquarie Capital, reconociendo tácitamente la pretensión de acumular derechos mineros por toda la Península Ibérica y la reapertura de viejos filones de oro y otros metales, apostando de facto por proyectos de megaminería en zonas como Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, llegando incluso a acudir en caso necesario "a mercados internacinales e inversores privados", y fomentando en la práctica proyectos de índole meramente especulativo, sin duda un factor de riesgo para el desarrollo de nuevos conflictos socioambientales al estilo del acontecido en la Costa da Morte.
LLAMADA DE ATENCIÓN A LA XUNTA DESDE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
En febrero, fue la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la que se hizo eco en su informe presentado a las Cortes Generales de la denuncia presentada por Salvemos Cabana al organismo sobre las deficiencias de seguridad y restauración en la mina coruñesa de cobre y oro de Touro.
El equipo de Becerril solicitó entonces una aclaración a la Xunta, a la vista de las pruebas presentadas, sobre "las medidas previstas para evitar la contaminación de las aguas por escorrentía así como los vertidos o depósitos irregulares" para proceder a la mejora de la seguridad en el entorno minero "a través de nuevos vallados, canalizaciones o sistemas de depuración".
Lo sucedido en Touro muestra, en definitiva, el escaso compromiso de las actuales autoridades de la Xunta con la fiscalización del sector extractivo a nivel gallego. La Ley 3/2008 de 23 de mayo, de Ordenación de la Minería de Galicia indica en su artículo 46.1 que "corresponde a la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de minas, realizar las comprobaciones necesarias" así como garantizar "el cumplimiento de la normativa minera aplicable" y la adopción de medidas cautelares.
Normativas europeas esenciales, como la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) afirman la importancia de "una mayor protección y mejora del medio acuático" mediante "la supresión de vertidos y sustancias peligrosas y un buen estado químico del recurso hídrico". En la misma línea, la Directiva 2004/35/CE, de Responsabilidad Medioambiental, busca la prevención y reparación de los daños causados a los hábitats naturales, la biodiversidad y los recursos hídricos que también supongan un riesgo importante para la salud humana.
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: UNA AMENAZA PARA LAS COMUNIDADES
En abril, la Plataforma se adhirió a la campaña internacional de Acción Global contra el TTIP/TISA/CETA, denunciando junto a decenas de movimientos sociales, organizaciones y asambleas ciudadanas de todo el Estado la opacidad manifiesta con la que desde la autoridad europea se están llevando las negociaciones.
Con desarrollo y aprobación definitiva de estos acuerdos se limitaría el control efectivo de las multinacionales por parte de los estados y cualquier tipo de litigio entre países y corporaciones, al estilo del ocurrido en Corcoesto, habrían de ser dirimidos a través de tribunales internacionales de arbitraje, que mayormente defienden a los intereses empresariales y que al final únicamente benefician al capital transnacional. En la práctica, una amenaza real para las comunidades.
EL CONFLICTO MINERO SE DEJA NOTAR EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Otra de las claves del año sucedió en el mes de mayo, con una debacle electoral que acabó apartando al Partido Popular (PP) del gobierno de Coristanco y Ponteceso, dos de las tres alcaldías afectadas por el proyecto de Corcoesto, y cayendo más de 20 puntos en Cabana de Bergantiños.
Sin duda un completo fracaso de los planes del alcalde cabanés José Muiño, figura clave desde los inicios del conflicto por su desmesurado apoyo a Edgewater en una iniciativa que preveía emplear grandes cantidades de reactivos muy contaminantes generando al final de la vida útil del proyecto un total de más de 17 millones de toneladas de residuos tóxicos que hubieran permanecido para siempre en la comarca bergantiñana.
UNA BATALLA GANADA: EDGEWATER PIERDE SUS DERECHOS MINEROS
Sin duda esta de octubre fue la noticia más importante del 2015, momento en el que la Xunta acordó declarar de manera definitiva la caducidad de las concesiones de Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater en Cabana de Bergantiños, algo que muchos no dudaron en calificar de 'victoria total' y que Salvemos Cabana, huyendo de cualquier intento de patrimonialización del movimiento social, consideró desde el principio una batalla ganada pero inscrita dentro de un horizonte temporal mucho más largo en el que las verdaderas claves residen en una reforma de la ley minera que permita una norma más garantista y respetuosa a nivel medioambiental y social.
UNA DECISIÓN CUESTIONADA Y CUESTIONABLE
El último trimestre del año ha estado marcado, sin embargo, por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la Ley 12/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas de Galicia, y en concreto sobre las reformas que ésta introduce en la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería, que de salir adelante podría facilitar la multimillonaria reclamación económica de Edgewater.
Pese a la plena legalidad de la retirada de los derechos mineros a Edgewater, una sentencia favorable a las demandas del Gobierno -y por ende de la propia canadiense- podría tener nefastas consecuencias en el desarrollo del conflicto, al impugnar el estado el artículo 84, que modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2008, y que es el factor que en definitiva ha permitido la cancelación efectiva del proyecto minero.
Todo ello en un contexto favorable a la empresa en el que la propia minera ha anunciado una demanda internacional de arbitraje tal como se contempla en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá, y que de salir adelante obligaría a los contribuyentes a abonar tanto la inversión como el lucro cesante previsto por la compañía.
2016: UNA MIRADA AL FUTURO
El año que comienza será fundamental para la evolución de este y futuros conflictos socioambientales relacionados con el sector extractivo con la celebración de las Elecciones Autonómicas de la X Legislatura, pues de ese nuevo Parlamento habrán de surgir los cambios (o no), que Galicia necesita para garantizar el derecho a la protección del patrimonio y el territorio, el medio ambiente, y la salud de la población.
(29.12.2015)
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| Drenaje ácido en el entorno de la mina de Touro (A Coruña) |
UNA LEY PARA GARANTIZAR LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS MINEROS EN CORCOESTO
A finales de 2014, la entrada en vigor de la Ley 12/2014 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y su publicación en el Diario Oficial de Galicia, conllevaba de facto para Edgewater la pérdida de sus derechos mineros en Cabana de Bergantiños, al señalar que "el incumplimiento de los requisitos subjetivos o la insuficiente acreditación de la solvencia económica o técnica del solicitante" implicaban "la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Minero de Galicia". Fue así como se anunció el momentáneo punto y final de un conflicto que había comenzado en 2012.
LA VÍA EUROPEA, CERRADA PARA EDGEWATER
En enero, pocos días después, fue la Comisaria Europea de Comercio Exterior, Cecilia Malmström, la que anunció un nuevo revés para la compañía, al confirmar que la transnacional en ningún caso podía invocar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), para impugnar la decisión administrativa de cancelación del proyecto.
La respuesta se dió en referencia a una pregunta efectuada desde el grupo GUE/NGL sobre el presunto derecho a indemnización de la minera, verificando la consulta efectuada en septiembre de 2014 por Salvemos Cabana a instancias europeas sobre este particular, resolviendo finalmente que ninguna empresa canadiense puede invocar de momento el CETA ni presentar reclamación patrimonial alguna al encontrarse el texto en fase de negociación.
"En cualquier caso -señaló Malmström-, los acuerdos de libre comercio, incluído el AECG, no modifican el derecho de los Estados miembros a perseguir sus objetivos legítimos de política pública, incluida la fijación de normas de protección medioambiental. El AECG deja claro que la UE y Canadá mantienen su derecho a legislar para alcanzar objetivos legítimos en materias como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública y la promoción y protección de la diversidad cultural. Esto significa que un inversor no puede recibir una compensación por lucro cesante, pérdida de beneficios o costes sufridos".
SACYR, NUEVO ACTOR EN EL TABLERO DE JUEGO
También en enero fue el conocimiento del desembarco de la multinacional española Sacyr el que caldeó los ánimos en la Comarca de Bergantiños, al anunciar ésta la firma de un acuerdo entre su filial Valoriza Minería y el grupo Macquarie Capital, reconociendo tácitamente la pretensión de acumular derechos mineros por toda la Península Ibérica y la reapertura de viejos filones de oro y otros metales, apostando de facto por proyectos de megaminería en zonas como Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, llegando incluso a acudir en caso necesario "a mercados internacinales e inversores privados", y fomentando en la práctica proyectos de índole meramente especulativo, sin duda un factor de riesgo para el desarrollo de nuevos conflictos socioambientales al estilo del acontecido en la Costa da Morte.
LLAMADA DE ATENCIÓN A LA XUNTA DESDE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
En febrero, fue la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la que se hizo eco en su informe presentado a las Cortes Generales de la denuncia presentada por Salvemos Cabana al organismo sobre las deficiencias de seguridad y restauración en la mina coruñesa de cobre y oro de Touro.
El equipo de Becerril solicitó entonces una aclaración a la Xunta, a la vista de las pruebas presentadas, sobre "las medidas previstas para evitar la contaminación de las aguas por escorrentía así como los vertidos o depósitos irregulares" para proceder a la mejora de la seguridad en el entorno minero "a través de nuevos vallados, canalizaciones o sistemas de depuración".
Lo sucedido en Touro muestra, en definitiva, el escaso compromiso de las actuales autoridades de la Xunta con la fiscalización del sector extractivo a nivel gallego. La Ley 3/2008 de 23 de mayo, de Ordenación de la Minería de Galicia indica en su artículo 46.1 que "corresponde a la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de minas, realizar las comprobaciones necesarias" así como garantizar "el cumplimiento de la normativa minera aplicable" y la adopción de medidas cautelares.
Normativas europeas esenciales, como la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) afirman la importancia de "una mayor protección y mejora del medio acuático" mediante "la supresión de vertidos y sustancias peligrosas y un buen estado químico del recurso hídrico". En la misma línea, la Directiva 2004/35/CE, de Responsabilidad Medioambiental, busca la prevención y reparación de los daños causados a los hábitats naturales, la biodiversidad y los recursos hídricos que también supongan un riesgo importante para la salud humana.
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: UNA AMENAZA PARA LAS COMUNIDADES
En abril, la Plataforma se adhirió a la campaña internacional de Acción Global contra el TTIP/TISA/CETA, denunciando junto a decenas de movimientos sociales, organizaciones y asambleas ciudadanas de todo el Estado la opacidad manifiesta con la que desde la autoridad europea se están llevando las negociaciones.
Con desarrollo y aprobación definitiva de estos acuerdos se limitaría el control efectivo de las multinacionales por parte de los estados y cualquier tipo de litigio entre países y corporaciones, al estilo del ocurrido en Corcoesto, habrían de ser dirimidos a través de tribunales internacionales de arbitraje, que mayormente defienden a los intereses empresariales y que al final únicamente benefician al capital transnacional. En la práctica, una amenaza real para las comunidades.
EL CONFLICTO MINERO SE DEJA NOTAR EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Otra de las claves del año sucedió en el mes de mayo, con una debacle electoral que acabó apartando al Partido Popular (PP) del gobierno de Coristanco y Ponteceso, dos de las tres alcaldías afectadas por el proyecto de Corcoesto, y cayendo más de 20 puntos en Cabana de Bergantiños.
Sin duda un completo fracaso de los planes del alcalde cabanés José Muiño, figura clave desde los inicios del conflicto por su desmesurado apoyo a Edgewater en una iniciativa que preveía emplear grandes cantidades de reactivos muy contaminantes generando al final de la vida útil del proyecto un total de más de 17 millones de toneladas de residuos tóxicos que hubieran permanecido para siempre en la comarca bergantiñana.
UNA BATALLA GANADA: EDGEWATER PIERDE SUS DERECHOS MINEROS
Sin duda esta de octubre fue la noticia más importante del 2015, momento en el que la Xunta acordó declarar de manera definitiva la caducidad de las concesiones de Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater en Cabana de Bergantiños, algo que muchos no dudaron en calificar de 'victoria total' y que Salvemos Cabana, huyendo de cualquier intento de patrimonialización del movimiento social, consideró desde el principio una batalla ganada pero inscrita dentro de un horizonte temporal mucho más largo en el que las verdaderas claves residen en una reforma de la ley minera que permita una norma más garantista y respetuosa a nivel medioambiental y social.
UNA DECISIÓN CUESTIONADA Y CUESTIONABLE
El último trimestre del año ha estado marcado, sin embargo, por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la Ley 12/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas de Galicia, y en concreto sobre las reformas que ésta introduce en la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería, que de salir adelante podría facilitar la multimillonaria reclamación económica de Edgewater.
Pese a la plena legalidad de la retirada de los derechos mineros a Edgewater, una sentencia favorable a las demandas del Gobierno -y por ende de la propia canadiense- podría tener nefastas consecuencias en el desarrollo del conflicto, al impugnar el estado el artículo 84, que modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2008, y que es el factor que en definitiva ha permitido la cancelación efectiva del proyecto minero.
Todo ello en un contexto favorable a la empresa en el que la propia minera ha anunciado una demanda internacional de arbitraje tal como se contempla en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá, y que de salir adelante obligaría a los contribuyentes a abonar tanto la inversión como el lucro cesante previsto por la compañía.
2016: UNA MIRADA AL FUTURO
El año que comienza será fundamental para la evolución de este y futuros conflictos socioambientales relacionados con el sector extractivo con la celebración de las Elecciones Autonómicas de la X Legislatura, pues de ese nuevo Parlamento habrán de surgir los cambios (o no), que Galicia necesita para garantizar el derecho a la protección del patrimonio y el territorio, el medio ambiente, y la salud de la población.
(29.12.2015)