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La dramática situación del Monte Neme y los riesgos para la seguridad y la salud pública por la falta de control administrativo confirman la falacia de la "minería sostenible" en Galicia

Balsas mineras en la zona de explotación de áridos del Monte Neme
Seis años después del accidente que provocó un vertido de más de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos sobre las parroquias de Razo da Costa (Carballo) y Aviño (Malpica), la Dirección Xeral de Enerxía e Minas dirigida por Ángel Bernardo Tahoces sigue sin poner una solución efectiva a un problema que puede terminar provocando graves consecuencias, como se ha demostrado recientemente tras la irresponsabilidad cometida por varios "instagrammers", que han sufrido problemas de salud por bañarse en algunas de las balsas del complejo.

Resulta chocante la reiterada apelación por parte del actual Gobierno de la Xunta y la Cámara Oficial Minera de Galicia a conceptos como la "minería sostenible" y la "minería responsable" mientras en la cumbre del Monte Neme, en parte desaparecida por la actividad extractiva primero de wolframio y luego de áridos, la situación se torna dramática en algunos puntos por la inexistencia de perímetro de seguridad tanto en balsas como en taludes, que en algunos casos caen a pico decenas de metros.

Taludes verticales en el área de la antigua explotación de wolframio del Monte Neme
Desde el 2014, Salvemos Cabana ha venido pidiendo el drenaje y sellado de las balsas mineras ante el riesgo potencial de accidentes y la toxicidad demostrada del agua de las balsas, que en algunos casos Augas de Galicia identificó como problemáticas por su nivel de acidez y la alarmante presencia de elementos como el aluminio, lo que en la práctica constituye un riesgo para la salud pública y los ecosistemas en un entorno carente de las más elementales medidas de seguridad.

UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE

Teniendo en cuenta la normativa, la realidad es que en el Monte Neme se ha incumplido la legislación que sería aplicable, pues la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia, estipula que corresponde a la Xunta verificar el cumplimiento de la normativa en cualquier tipo de actividad minera (art. 46) y que los funcionarios establecidos para tal fin podrán practicar "todas las diligencias y requerir la información y documentación necesarias para comprobar que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias" (art.47).

Asimismo, se recoge en los capítulos II y III un régimen sancionador que establece competencias, procedimientos y en su caso, toma de "cuantas medidas cautelares resulten necesarias" por la vía de urgencia (art.53), lo que incluye tanto medidas de seguridad o control "que impidan la continuidad en la producción del daño".

La Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas establece medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y los riesgos para la salud humana, señalando de manera taxativa que "es necesario que los Estados miembros garanticen  que las autoridades competentes organicen un sistema eficaz de inspecciones o medidas de control equivalentes respecto a las instalaciones de residuos de las industrias extractivas", algo que en el Monte Neme ni se tuvo en cuenta históricamente durante sus distintas épocas de explotación, ni se está teniendo en cuenta en medio de la actual fase de abandono con un plan de restauración claramente incompleto que no termina de llevarse a cabo.

En la misma línea, la Directiva Europea 2004/35/CE, de Responsabilidad Medioambiental, establece un marco de actuación con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los hábitats naturales, la biodiversidad y los recursos hídricos que también supongan un riesgo importante para la salud humana.

Finalmente, el denominado Principio de Cautela o de Precaución, mencionado en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es uno de los pilares rectores de la actuación política en la UE y pretende garantizar un nivel de protección del medio ambiente, la salud humana y la biodiversidad con tomas de decisión preventivas en caso de riesgo lo que, conforme a la situación existente a día de hoy en el Monte Neme, parece no haber sido tenido en muy cuenta por parte de la actual Administración gallega.

(7.7.2019)