Asociaciones ambientales de la Costa da Morte critican el apoyo de la Xunta de Galicia a la jornada organizada por la Cámara Oficial Mineira sobre la Ley de Fomento de la implantación de iniciativas empresariales

Galicia es una de las zonas con mayores desastres ambientales provocados por el sector extractivo

 
Salvemos Cabana, Petón do Lobo, Cova Crea y Ouriol do Anllóns rechazan que la Administración gallega colabore en el evento organizado este martes en Santiago en el Hotel Palacio del Carmen.

Para las asociaciones resulta lamentable que el Goberno gallego aproveche este tipo d eventos para intentar promocionar una ley rechazada por la ciudadanía, incidiendo además en la temática de las "garantías" de la "rehabilitación" de espacios mineros, siendo Galicia una de las zonas con mayores desastres ambientales provocados por el sector extractivo, tal como se puede observar en la cumbre del Monte Neme, en el entorno de la antigua mina de Touro o en la zona pizarrera de la Comarca de Valdeorras, lugares donde la propia Administración ha incumplido de manera reiterada la normativa comunitaria sobre el deber de los Estados de restaurar los terrenos de las antiguas explotaciones mineras.

LA LEY 5/2017, DE FOMENTO DE IMPLANTACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES NO ES LA SOLUCIÓN, ES EL PROBLEMA

Por otra parte, las entidades de defensa ambiental recuerdan que la Ley 5/2017 supone una serie de facilidades nunca vistas para la imposición de proyectos extractivos por todo el territorio gallego, pues se agilizan las tramitaciones tanto para la implantación de las actividades mineras como para su cese y desafección del suelo ocupado, se acortan y simplifican los períodos de información pública y se refuerza la expropiación forzosa con la utilización torticera a favor de las empresas del concepto de "utilidad pública", dado que estas podrán incorporar a la tramitación de sus proyectos la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean indispensables para la puesta en marcha de sus iniciativas, que con carácter privado pasan a tener a efectos administrativos un mayor valor que los intereses de la ciudadanía.

Además, se simplifica la convocatoria de concursos mineros, para agilizar la liberación de los terrenos afectados por derechos mineros caducados. Por otra parte, la declaración de caducidad de un derecho minero comportará la declaración del franco y la inmediata puesta a diposición de las empresas interesadas, lo que en la práctica puede (y quiere) convertir todo el territorio gallego en una mina a gran escala, tal y como la Xunta intentó vender en estos últimos años con su fracasada campaña "Galicia es una mina".

(20.3.2018)